El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los servicios mínimos del sector de los hidrocarburos para la huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre. La Orden TED/1179/2026, firmada el 5 de noviembre por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, por delegación de la ministra, establece que al menos el 20% de las estaciones de servicio inscritas en cada comarca deberá permanecer abierto durante toda la jornada. La medida responde a la convocatoria de paro de 24 horas, de 00:00 a 24:00, realizada por CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones sindicales, que afecta a trabajadores de todos los ámbitos públicos y privados. La orden unifica también las convocatorias territoriales de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla, y de CGT y la CIG en Galicia. Cómo se aplican en las gasolineras
Según el texto, el porcentaje se calcula sobre el Censo de Instalaciones de Suministro de Carburantes del Ministerio y se aplica a escala comarcal, para repartir la cobertura por el territorio. En los postes marítimos el 20% se calcula por comunidades autónomas.
Las estaciones designadas deberán prestar servicio en su horario habitual de apertura. El listado nominal, con provincia, municipio, dirección, rótulo y operador, se publica como anexo de la orden y está ordenado por provincias. Incluye desde pequeñas instalaciones rurales hasta áreas de servicio en autovías y grandes superficies. El Ministerio sostiene que esta cifra cumple el doble requisito de no limitar el derecho de huelga y garantizar un abastecimiento adecuado. Para fijarla ha tenido en cuenta la distribución geográfica de las instalaciones, la densidad previsible de tráfico, los agentes económicos afectados y las características actuales de los vehículos. El departamento admite que partió de los criterios aplicados en la huelga general del 15 de octubre de 2025. Aeropuertos, puertos y servicios esenciales
La orden obliga a garantizar el combustible para los servicios mínimos del transporte aéreo y para los puertos, ya sea por camión cisterna, tubería o gabarra.
Tras el trámite de audiencia, el anexo correspondiente incorpora una nueva relación de servicios mínimos para el suministro en puertos y aeropuertos. También se mantendrá la distribución de pedidos urgentes a hospitales, bomberos, cuerpos de seguridad, ambulancias y centros estratégicos, así como a situaciones de extrema necesidad humanitaria. Refinerías, logística y gas
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Las refinerías de Repsol, Petronor, Moeve y BP deberán conservar la seguridad de personas e instalaciones y mantener, al menos a carga mínima, las unidades con equipos críticos. Los anexos detallan las plantillas por turno de cada complejo. En el transporte y almacenamiento, la orden exige las cargas y descargas necesarias para conservar las existencias mínimas de seguridad y evitar el desabastecimiento de la cadena logística.
Esto incluye el control de la red de oleoductos de Exolum. En el sector gasista, las redes de transporte y distribución, las plantas de regasificación, los almacenamientos subterráneos y las conexiones internacionales deberán seguir operativos. Los gases licuados del petróleo, tanto a granel como envasados, también tienen servicios mínimos, con plantillas fijadas por planta y empresa. Obligaciones y recursos
Las empresas deberán enviar a la Dirección General de Política Energética y Minas la información que se les pida durante el 11 de noviembre.
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En diez días naturales tras la huelga entregarán una memoria que justifique que su programa de operación se ajustó a la orden e incluya las alegaciones de los representantes de los trabajadores. La orden da por ilegales los paros del personal designado en servicios mínimos, conforme a la normativa vigente.
Contra ella cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en dos meses, o recurso potestativo de reposición en un mes. Tras las alegaciones recibidas hasta el 3 de noviembre, el Ministerio corrigió varias erratas y adaptó las tablas de Enagás y de la planta de Mugardos a los servicios comunicados por las empresas. La orden cuenta con el informe favorable de la Abogacía del Estado, fechado el 4 de noviembre.
